¿Fuiste estafado por un broker no regulado?
¿Has sido víctima de una estafa? ¿Tu broker no te deja retirar? ¿Has invertido dinero y la empresa ha desaparecido? ¿Has entregado dinero y la empresa ya no se molesta en contestar tus mensajes?
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Uruguay ha dado un paso decisivo en el ámbito de las criptomonedas al promulgar la Ley 20.345, que regula el uso de Bitcoin (BTC) y otros activos digitales. Con la firma del presidente Luis Lacalle Pou, el país se coloca a la vanguardia en América Latina en cuanto a la regulación de este sector.
El Banco Central de Uruguay (BCU) será responsable de supervisar y fiscalizar a las entidades que operan con criptomonedas. Esta nueva ley no solo establece un marco normativo, sino que también actualiza regulaciones existentes para adaptarse a las necesidades del sector. La propuesta fue presentada hace más de dos años y se origina en el Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los Activos Virtuales desarrollado por el BCU en diciembre de 2021.
La legislación otorga reconocimiento legal a las criptomonedas como activos digitales, aunque no les confiere el estatus de moneda fiat. El BCU supervisará a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que incluirán exchanges y billeteras, quienes deberán solicitar autorización para operar. Además, se implementarán controles para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Uruguay se une a un selecto grupo de países en la región que han establecido regulaciones específicas para las criptomonedas, como Brasil, Venezuela, Argentina y El Salvador. Este último ha sido pionero al otorgar a Bitcoin el estatus de moneda de curso legal. La aprobación de esta ley en Uruguay se produce en un contexto en el que otras naciones latinoamericanas están evaluando sus propias regulaciones.
La promulgación de la Ley 20.345 representa un hito en la regulación de criptomonedas en Uruguay, permitiendo una mayor integración de este sector en el sistema financiero del país. A medida que aumenta el interés por las criptomonedas, se espera que otras naciones sigan el ejemplo de Uruguay y adopten regulaciones similares para fomentar un entorno más seguro y transparente para los inversores.
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