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En un giro notable hacia la integración de las finanzas tradicionales con las digitales, los brókeres bursátiles en Argentina están comenzando a ofrecer criptomonedas como un activo más dentro de su cartera de inversiones. Este movimiento, liderado por empresas como Invertir Online (IOL) y Cocos Capital, marca un hito significativo en el mercado financiero del país.
IOL ha lanzado recientemente ‘IOL cripto’, una plataforma que permite a sus usuarios negociar con diversas criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Solana, desde su aplicación de inversión consolidada.
Este servicio, aunque operado por una entidad legalmente distinta debido a regulaciones, es accesible a través de la misma interfaz que los clientes utilizan para otros productos financieros.
La alianza de IOL con el exchange de criptomonedas Ripio facilita las operaciones de intercambio y custodia de estos activos digitales, brindando a los usuarios una opción segura y regulada para explorar el mundo de las criptomonedas.
Por otro lado, Cocos Capital también ha seguido un camino similar, creando una subdivisión dedicada a las criptomonedas. Aunque la funcionalidad no está aún disponible para todos los usuarios, la compañía promete una integración progresiva en su plataforma, que también ofrece productos financieros tradicionales.
Estas iniciativas surgen en un contexto donde los bancos en Argentina continúan enfrentando restricciones impuestas por el Banco Central (BCRA) que les impide ofrecer servicios relacionados con criptomonedas. Esta situación contrasta con la flexibilidad regulatoria que los brókeres han aprovechado para incluir estos activos emergentes.
El lanzamiento de servicios de criptomonedas por parte de brókeres bursátiles no solo satisface la creciente demanda de opciones de inversión diversificadas sino que también posiciona a Argentina en un lugar innovador en la fusión de tecnología financiera y mercados tradicionales a nivel global. Aunque los bancos aún no tienen el visto bueno para operar con criptoactivos, el avance de los brókeres podría sentar las bases para futuras regulaciones más favorables en el sector bancario.
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